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2013/09/03

Comité de Lucha Contra Privatización de la UASD insta a las autoridades universitarias acatar fallo del Tribunal Santo Domingo, Ciudad Universitaria 02 de Septiembre 2013 El Comité de Lucha contra la Privatización de la UASD instó este lunes a las autoridades universitarias a acatar el fallo del Tribunal Superior Administrativo que les devuelve la condición de estudiantes para que sean juzgados en los consejos directivos de las facultades a las que pertenecen y no por el Consejo Universitario. Los estudiantes en cuestión son Roberto Sánchez, Deivis Vicente Cabrera, Rafelito Valenzuela, José Rafael Cabrera, Erick Natalio Peralta, Eduardo Gómez y Willmeidis Ismael Acevedo. Roberto Sánchez, al hablar en nombre del Comité de Lucha Contra la Privatización, expresó que si en los próximos días el Consejo Universitario no se apega a la sentencia del tribunal, pondrán en ejecución un plan de acción que contempla actividades masivas en el campus de la UASD. “La decisión emitida por el órgano judicial el pasado 28 de agosto deja claro que nuestros reclamos siempre estuvieron del lado de la verdad, pero la actitud de las autoridades universitarias le llevó a cometer todo tipo de bajezas para justificar acciones indebidas y alejadas del marco legal”, manifestó Sánchez. Los estudiantes expulsados el 20 de julio del 2012 por la supuesta toma violenta de la Vicerrectoría Administrativa, acompañados de otros dirigentes estudiantiles, manifestaron sentir regocijo por la sentencia proclamada por el órgano judicial, afirmando que la decisión emana del seno de la justicia. Los miembros del Comité de Lucha Contra la Privatización de la UASD, coinciden en que a pesar de haber sido víctimas de innumerables atropellos, el sacrificio ha valido la pena, pues lograron la revocación de los 52 servicios académicos. “En la actualidad se está conociendo ante la acción de la justicia irregularidades administrativas como la compra de 5,500 butacas por un monto de 10,253 pesos la unidad a una empresa domiciliada en un callejón, violentando así la Ley de Compras y Contrataciones”, sostuvieron. --

Comité de Lucha Contra Privatización de la UASD insta a las autoridades universitarias acatar  fallo del Tribunal
Santo Domingo, Ciudad Universitaria
02 de Septiembre 2013


El Comité de Lucha contra la Privatización de la UASD instó este lunes a las autoridades universitarias a acatar el fallo del Tribunal Superior Administrativo que les devuelve la condición de estudiantes para que sean juzgados en los consejos directivos de las facultades a las que pertenecen y no por el Consejo Universitario.

Los estudiantes en cuestión son Roberto Sánchez, Deivis Vicente Cabrera, Rafelito Valenzuela, José Rafael Cabrera, Erick Natalio Peralta, Eduardo Gómez y Willmeidis Ismael Acevedo. 
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Roberto Sánchez,  al hablar en nombre del Comité de Lucha Contra la Privatización, expresó que si en los próximos días el Consejo Universitario no se apega a la sentencia del tribunal, pondrán en ejecución un plan de acción que contempla actividades masivas en el campus de la UASD.

“La decisión emitida por el órgano judicial el pasado 28 de agosto deja claro que nuestros reclamos siempre estuvieron del lado de la verdad, pero la actitud de las autoridades universitarias le llevó a cometer todo tipo de bajezas para justificar acciones indebidas y alejadas del marco legal”, manifestó Sánchez.

Los estudiantes expulsados el 20 de julio del 2012 por la supuesta toma violenta de la Vicerrectoría Administrativa, acompañados de otros dirigentes estudiantiles, manifestaron sentir regocijo por la sentencia proclamada por el órgano judicial, afirmando que la decisión emana del seno de la justicia.

Los miembros del Comité de Lucha Contra la Privatización de la UASD, coinciden en que a pesar de haber sido víctimas de innumerables atropellos, el sacrificio ha valido la pena, pues lograron la revocación de los 52 servicios académicos.  “En la actualidad se está conociendo ante la acción de la justicia irregularidades administrativas como la compra de 5,500 butacas por un monto de 10,253 pesos la unidad a una empresa domiciliada en un callejón, violentando así la Ley de Compras y Contrataciones”, sostuvieron.

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